El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que actualmente los reportes de desplazamiento forzado en la entidad se concentran principalmente en la región serrana, particularmente en los municipios de Guadalupe y Calvo y Moris.
Indicó que, aunque en muchos casos no se presentan denuncias formales, las personas afectadas sí han solicitado acompañamiento para trasladarse a otros lugares, principalmente a Hidalgo del Parral y otras zonas del estado, situación que es atendida a través de la Comisión de Atención a Víctimas y dependencias encargadas del bienestar social.
Este fenómeno ocurre en un contexto donde el desplazamiento forzado en Chihuahua se ha convertido en una crisis humanitaria persistente que se ha intensificado durante 2025 y principios de 2026, afectando de manera particular a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
La violencia vinculada al crimen organizado, la tala ilegal y la minería forzada ha obligado a familias completas a abandonar sus hogares, entre ellas integrantes de pueblos originarios como los guarijíos, pimas y rarámuris, quienes han tenido que desplazarse para salvaguardar su integridad.